Mikel Buesa: La secesión y la política de la claridad. En economia Buesa es excelnte, en lo de la politica bastante naif, como lo demuestra en su artículo

El estimado Miguel Buesa como economista es bueno, ha rendido un papel de aclaración a las fianzas autonómicas, especialmente del Pufo vasco; ahora bine, cuando se mete en cuestiones políticas resulta algo naif, dicho con todo el cariño que le profesamos.
Olvida como muchos otros -especialmente los nazionalistas- que desgraciadamente nuestra Cosntitución es u  proyecto cerrado y que para abrirlo se necesitan un gran consenso entre las fuerzas políticas difícil de conseguir  y luego estamos los ciudadanos que no tragamos ruedas de molinos y que exigiríamos el referéndum en una serie de cuestiones básicas que no iban a ser el trágala de 1978 en donde se ofreció a ,los nazionalistas nuestro elástico ano por los "padres de la patria" y nos porculeraron bien proculeados.
Solo hay dos soluciones:

• Que nuestros queridos nazis acepten lo que hay y se conformen con lo que existe porque muchos españoles no estamos para hacerles mas cesiones , e incluso que se anulen algunas de ellas como el Pufo vasco. 
• Que se redacte una nueva Constitución, en al que ya hemos dicho que múltiples españoles no estarían por muchas de las infames concesiones de 1978  y previa a la creación de unas Cortes Constituyentes habría de refrendarse uan series de cuestiones previas ya que no dejaríamos eso en manos de políticos inútiles palmarios tan delicados temas que nos atañen.

La primera opción, en el contexto de crisis económica sería posiblemente la más deseada  y conveniente y siguiendo los consejosde Ignació de Loyola: "En tiempo de desolación nunca hacer mudanza".
En próximas horas pormenorizaremos comentarios al artículo de Buuesa.

Nos habría  gustado hacer los oportunos comentarios al artículo de Mikel Buesa en la fuente del artículo: Libertad Digital; desgraciadamente dicho periódico en la Red tiene una censura al hombre y no a los contenidos y algunas personas de este blog de facto no podemos escribir allí; ahora bine muchos catalanofascios pueden deponer allí sin excesivos probelmas. Dado el absurdo pronunciamiento del Tribunal Europeo puede aceptarse una censura por contenidos pero JAMAS una censura a la persona. No solo se produce en L. Digital, el mismo ABC hace otro tanto; alli te anuncian que moderarán tu comentario, pero aunque sea suavisimo, según la firma ES ELIMINADO. Don Federico de Todos Los Demoniós -como dice Felipe Gonzalez- ¿Cuando se impondrá una cesura de contenidos y no a la persona en Libertad Digital?; ¡¡¡ esperamos vehementemente su respuesta  !!!!!

La secesión y la política de la claridad
Mikel Buesa. 
Libertad Digital  21.09.2014
Releer hoy, cuando el embate separatista de Cataluña se presenta con tintes de insurrección, las páginas con las que el ministro canadiense Stéphane Dion introduce su obra La política de la claridad resulta particularmente aleccionador, toda vez que, llegados a este punto, hemos de encontrar una vía para que la cuestión de la secesión deje de dirimirse en el campo de juego nacionalista y pase a deliberarse en la arena institucional democrática. Dion señala que, en Canadá –y yo diría también que en España, propuestas federalistas incluidas–, el debate sobre la unidad ha llevado a "una estéril discusión sobre la Constitución", pues la unidad no está cuestionada por el reconocimiento de la diversidad, sino por un "procedimiento (…) secesionista muy difícil de conciliar con la democracia" cuyos dos pilares son "una pregunta refrendaria confusa y una apretada mayoría [que no permite asegurar] que la secesión sea la elección claramente expresada por la población". La verdadera cuestión, añade Dion, no es saber si los quebequeses pueden decidir su futuro, (…) [sino] saber cómo, por qué procedimiento, los quebequeses que no quieren la nacionalidad canadiense podrían retirársela a los quebequeses que quieren conservarla.
Stéphane Dion –que en su libro confiesa haber transgredido las dos reglas de oro de la corrección política en el debate sobre la secesión, o sea la de que "es necesario cortejar a los nacionalistas con suaves palabras" y la de "no admitir nunca en público que el adversario podría ganar"– fue quien planteó en 1996 a la Corte Suprema de Canadá las tres preguntas que dieron lugar al famoso dictamen de este tribunal acerca del asunto. Un dictamen que dejó sentado que ni sobre el fundamento del Derecho Internacional ni sobre el de la Constitución de Canadá existe un derecho a la secesión, aunque ello no obste para que sí haya un "derecho a plantear la demanda de secesión (…) y a obtener una respuesta democráticamente fundamentada". Fue precisamente para para dar esa respuesta para lo que Dion presentó a la Cámara de los Comunes canadiense su Ley sobre la Claridad, obteniendo el respaldo parlamentario en marzo del año 2000.
El Tribunal Constitucional español ha dejado también claro, en su sentencia de 2008 sobre la Ley de Consulta del País Vasco y en la más reciente de 2014 sobre la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, emitida un año antes por el Parlamento catalán, que la Constitución no exige una adhesión militante a su contenido y puede, por ello, plantearse la cuestión secesionista a través de su reforma, estando habilitadas las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas para proponer tal cambio, siendo un deber del Parlamento español entrar a considerarlo. Parecería, por tanto, que el tema de la secesión sólo se puede proponer a través de la reforma constitucional, lo que haría prácticamente inviable, por la naturaleza de los consensos requeridos, su consecución.
Sin embargo, como ha señalado recientemente José María Ruiz Soroa en un interesante capítulo del libro colectivo La secesión de España, bases para un debate desde el País Vasco,
si la Constitución ha previsto y regulado su propia reforma, nada impide al legislador ordinario regular los trámites previos necesarios para iniciar ese proceso de reforma (…) en los supuestos que afecten a la unidad nacional.
Dicho de otra manera, también en España es posible que una política de la claridad encuentre su plasmación legislativa, entrando a regular los procedimientos democráticos a través de los cuales se pueda constatar, en una comunidad autónoma y en cada una de sus unidades territoriales, la existencia de una voluntad clara y mayoritaria de secesión, y a partir de ella establecer de manera negociada sus condiciones, dando al conjunto del pueblo español, a través del trámite concreto de reforma constitucional en el que esas condiciones se plasmen, la oportunidad de pronunciarse en su favor o en su contra.
Esta propuesta de Ruiz Soroa debería, en mi opinión, completarse con otros elementos destinados a hacer más nítido el debate y, sobre todo, a dejar fuera de él los pronunciamientos que lo contaminan, por lo general desde el bando nacionalista. Un ejemplo de ello es la cuestión de la permanencia de las regiones secesionadas en la Unión Europea; un tema éste que ha dado lugar tanto a un debate académico serio como a múltiples declaraciones carentes de fundamento, y que debiera dirimirse con una consulta formal del Gobierno español a los órganos europeos que tengan competencia para establecer una declaración doctrinal incontrovertida. Lo mismo puede decirse con respecto al asunto de las condiciones de utilización del euro en el caso de que la región separada decidiera adoptarlo como unidad monetaria. Y así un sinfín de temas de naturaleza económica e institucional sobre los que los ciudadanos necesitan tener la mejor información posible antes de pronunciarse acerca de su futuro en común, y sobre los que merecería la pena establecer un programa de estudios al que pudieran concurrir los mejores investigadores académicos del país.
La secesión es, sin duda, en este momento, el tema político de mayor envergadura al que nos enfrentamos los españoles. En Cataluña, sus valedores han franqueado ya, aunque por ahora sólo sea verbalmente, la frontera que separa la aceptación formal de las instituciones del terreno sedicioso de la declaración unilateral de independencia. Tal vez, en el momento supremo en el que ya no caben las palabras, esta última acabe siendo sólo un deseo frustrado, un desiderátum irrealizable, un tránsito para el que falte el coraje político que conduce inevitablemente a la violencia. Sea cual sea, sin embargo, el momentáneo devenir de los acontecimientos durante las próximas semanas, bueno será que quienes tiene la responsabilidad de mover la rueda que los impulsa no se dejen arroyar por ella y encuentren en la política de la claridad la inspiración necesaria para reconducir la cuestión al ámbito de la deliberación democrática, en el que aún no ha entrado.
La victoria, en el referéndum escocés, de los partidarios de permanecer en Reino Unido aumentando su autogobierno conlleva tres importantes consecuencias inmediatas. Internamente, propicia una inédita federalización del país; en la Unión Europea, disipa las inquietudes añadidas a la difícil recuperación económica y debería abrir paso a una actitud menos obstruccionista de Londres ante Bruselas; y va en contra de movimientos secesionistas como el del soberanismo en Cataluña.
Es mucho más de lo que podía esperarse, y ello se debe a la consistencia del resultado. Frente a unos sondeos que preveían un empate técnico, la diferencia entre unionistas (vitaminados por el autonomismo) y secesionistas supera los diez puntos. Ello desarbola la presunta fragmentación de la sociedad escocesa en dos mitades simétricas, y al tiempo reafirma la profundidad de su voluntad de autogobierno. La elegante dimisión del líder secesionista Alex Salmond rubrica la victoria rival, tras un resultado que, de no haberse magnificado antes, sería notable. También da cuenta del exigente hábito de rendición de cuentas, clave en las democracias avanzadas.
La rotundidad del resultado se muestra más relevante si se compara con las apariencias afloradas en la campaña: el empuje secesionista, la ebullición juvenil, epifenómenos que traen ecos de las movilizaciones soberanistas catalanas. Y es más meritoria porque ocurre tras los errores del unionismo conservador. La aceptación de un referéndum, motivada en parte por el cálculo de la victoria futura; la altanería de abandonar durante meses el proceso a su cuenta y riesgo; el olvido de la recomendación del Tribunal Superior de Canadá exigiendo mayorías reforzadas en Quebec para evitar la segmentación social; las amenazas tramposas de la futura expatriación de bancos nominalmente escoceses pero de capital ya británico, y la tardía promesa de aumentar la autonomía son un rosario de errores. En cambio, debe aplaudirse la rápida reacción del primer ministro David Cameron, ayer, asegurando que cumplirá todos sus compromisos e impulsará una devolution generalizada (federalización, sin el nombre) que no figura en el ADN de su partido. Ojalá estos comportamientos, de Salmond a Cameron, exquisitamente legales, dialogantes, consensuales y responsables ante la opinión se prodigaran por nuestros lares.
No es así, no solo por la escasa sensibilidad en la reacción del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al interpretar en clave de las distintas sensibilidades españolas (también de las catalanas) este episodio: ni su actuación mejora la de Cameron ni ofreció la reanudación del imprescindible diálogo como alternativa a la deriva separatista. Tampoco por la inanidad del presidente catalán Artur Mas, subrayando cansinamente que votar es lo único importante, sin aprender ni cómo se puede organizar legalmente un voto, ni sus efectos: sobre todo si, como en este caso, les son muy perjudiciales. Nada de lo que sucede parece afectar al rumbo invariable y eterno de su hoja de ruta: ni las encuestas que anuncian que los partidarios de la “tercera vía” duplican a los separatistas; ni los reveses por los reiterados posicionamientos de la UE contra el secesionismo catalán; ni el saqueo del caso Millet o el caso Pujol, nada importa nada, como si no fuese un proceso humano, sino mineral.
Y, sin embargo, la derrota de Salmond y los suyos es devastadora para los soberanismos europeos. Tras el reiterado fracaso del quebequés, el aplazamiento de la independencia por el flamenco, la ruina política y moral de una Lega Padana convertida en baluarte de la peor ultraderecha xenófoba…, la derrota de las ilusiones del Partido Nacionalista Escocés baliza el fin del ciclo del ilusionismo secesionista en las democracias occidentales. Pero ni Mas ni los suyos se dan por enterados.
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