Atropello a la profesora Josefina Albert en represalia por repartir exámenes en castellano y acudir al Defensor del Pueblo.

El rector de la URV niega represalias contra la docente que dio exámenes en español

El Mundo  8 de junio de 2001

El fiscal le pide ocho años de inhabilitación y medio millón de pesetas de multa

TARRAGONA.- El rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Lluís Arola, y el Coordinador de las Pruebas de Acceso a la Universidad, Joan Igual, se enfrentaron ayer al primer día de juicio que debe determinar si cometieron un presunto delito de prevaricación al apartar de la corrección de los exámenes de selectividad a la profesora Josefina Albert en represalia por repartir exámenes en castellano y acudir al Defensor del Pueblo.
Arola recorrió la distancia que separa la facultad de Letras del juzgado número 2 de Tarragona acompañado casi del brazo del consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Andreu Mas-Colell, y, en masa, cargos políticos, destacados miembros del sindicato agrario Unió de Pagesos, y representantes de 13 universidades de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, de los que siete eran rectores.
Ambos cargos de la URV se enfrentan a una petición de ocho años de inhabilitación y medio millón de pesetas por daño moral por parte de la fiscalía, mientras que la acusación particular solicita ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación y dos años y seis meses de inhabilitación por un delito contra los derechos individuales, además de más de 10 millones de pesetas de indemnización por daños morales.
Una fina estrategia de la defensa del rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Lluís Arola y del coordinador de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAAU), Joan Igual, puso ayer en duda la existencia de los hechos que relató la profesora Josefina Albert para llevar adelante su querella contra ambos cargos por un presunto delito de prevaricación.
Según demostró el abogado defensor de la URV, Fermín Morales, la profesora no participó en el tribunal corrector en un examen de Geología, realizado el 22 de junio de 1999, aunque sí aparece en las actas de las pruebas de castellano y catalán, pero el 19 de junio de ese mismo año.
Con el documento que parece probar que la profesora Albert no participó en el tribunal del 22 de junio, queda sin demostrar el hecho de que la profesora, tal y como alega, optara por hacer y repartir fotocopias de los enunciados del examen en lugar de traducir las preguntas, dada la complejidad de las mismas y el limitado tiempo del que se dispone para responder.
Esta última prueba, junto con la imposibilidad de dar con los alumnos que pidieron los exámenes en castellano, ponen en duda la existencia del hecho y la posibilidad de que no haya que juzgar la culpa de los imputados y deja la carga de la prueba a la instrucción.
La carta en la manga cuidadosamente guardada por la defensa, sin embargo, no impidió la declaración durante más de tres horas del rector, que negó cualquier intencionalidad en la decisión de excluir tanto a la profesora Albert, que interpuso la querella criminal contra ambos cargos, como al profesor José María Fernández, que también fue apartado de la corrección por los mismos motivos.
Arola justificó la decisión el equipo rectoral en que actuó de acuerdo con la normativa vigente fijada por el Consejo Interuniversitario de Cataluña.